Por Joan Antoni Serra
El reciente informe La educación que vence a la pobreza (Fundación Bofill y Plataforma de Infancia, 2024) plantea una premisa fundamental: la educación no solo puede mitigar los efectos de la pobreza infantil, sino que tiene el potencial de romper su reproducción intergeneracional. Para ello, no basta con garantizar el acceso a la educación; es imprescindible asegurar una educación equitativa, inclusiva y orientada a la formación de una ciudadanía democrática.
Educar para la democracia en contextos de vulnerabilidad
Uno de los ejes del informe señala que una educación de calidad debe aspirar al “pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades” del alumnado, preparándolo para la participación activa en la sociedad. En este sentido, la educación para la ciudadanía democrática no debe entenderse como una asignatura específica, sino como un enfoque transversal que atraviesa el currículo, la organización escolar y la relación con la comunidad.
La pobreza limita no sólo los recursos materiales del alumnado, sino también sus oportunidades de participación social. Por lo tanto, la escuela democrática debe ser también una escuela que redistribuya poder, que ofrezca espacios de voz, deliberación y toma de decisiones, especialmente para quienes tienen menos oportunidades de ejercerla fuera del ámbito escolar.
Proyecto DEMOCRAT y la participación solidaria
Desde el proyecto DEMOCRAT se han definido un Marco de Competencias para una Ciudadanía Democrática Responsable, que incluye cuatro competencias una de las que trata de ayudar a participar a aquellas personas que menos oportunidad tienen. En este sentido la competencia de Participación solidaria se define como la participación activa en procesos democráticos y promover la inclusión de los demás, especialmente de las minorías y colectivos sociales vulnerables, en los procesos de toma de decisiones colectivas con la intención de superar las desigualdades sociales existentes en los procesos de participación y deliberación.
Propuestas educativas con impacto democrático
Entre las diez políticas públicas recogidas en el informe publicado por Fundación Bofill y Plataforma de Infancia, destacan especialmente aquellas que contribuyen a generar entornos educativos democráticos:
- Reducción de la segregación escolar, favoreciendo entornos heterogéneos donde el alumnado pueda convivir y aprender en la diversidad.
- Programas de orientación y mentoría, que no solo previenen el abandono escolar, sino que promueven la autonomía y el pensamiento crítico.
- Actividades extraescolares inclusivas y programas educativos de verano, concebidos como espacios de socialización, participación y aprendizaje no formal.
- Apoyo a las familias como agentes educativos clave, fomentando su implicación en el proyecto educativo.
La escuela democrática no debe ser un ideal, sino convertirse en una práctica cotidiana, ligada a la justicia social. Frente a la pobreza, la exclusión y la desafección democrática, una escuela orientada a la equidad y la participación puede convertirse en una de las herramientas más poderosas de transformación social.